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1)  OBJETO DE LA PRESENTE NOTA

Se detalla a continuación el resumen de las principales medidas aprobadas por el Govern de Catalunya en fecha 20 de octubre de 2020, a través del Decreto Ley 34/2020, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, cuyos contratos estén suscritos a partir del 1 de enero de 1995.

Entró en vigor el día 22 de octubre de 2020 y el objeto del Govern de Catalunya ha sido intervenir en el territorio de Catalunya el mercado del alquiler de los establecimientos industriales y comerciales (bares, restaurantes, comercios, gimnasios, hoteles…), para contrarrestar la suspensión de actividades económicas que pueda dictar el Govern como consecuencia del COVID-19.

2) MEDIDAS DEL GOVERN DE CATALUNYA

Con el fin de aliviar económicamente a los establecimientos, ante las restricciones totales o parciales de sus actividades que han sido introducidas por las Administraciones para combatir la crisis sanitaria, el Govern ha decidido adoptar una regulación ad hoc.

La postura que ha seguido se basa en un “criterio distributivo de las consecuencias negativas de las prohibiciones, suspensiones y restricciones impuestas para evitar la propagación de la pandemia”, así como “un reparto igualitario y equitativo de las consecuencias negativas, socializando así el riesgo y evitando hacerlo gravitar sobre una sola de las partes contratantes”. Todo ello sin aceptar ninguna responsabilidad por parte de la Administración, ni asumiendo ninguna obligación de ayuda.

Tomando en cuenta estas bases, desglosamos los principales aspectos de la nueva regulación:

• Consideraciones previas

Según anuncia la exposición de motivos de la disposición normativa, las medidas adoptadas limitan su eficacia al tiempo de vigencia de las prohibiciones o restricciones dictadas por la autoridad competente, y se establecen como reglas por defecto en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo satisfactorio en un plazo prudencial.

Los arrendatarios podrán requerir a la parte arrendadora por burofax o de otra forma fehaciente, “una modificación razonable y equitativa de las condiciones del contrato” y desde el momento en que el arrendador reciba dicha notificación, tendrá prohibido enviar facturas de alquileres al arrendatario.

El Decreto Ley fuerza una negociación exprés de 1 mes (a contar desde el requerimiento mencionado) entre arrendatarios y arrendadores que, en caso de fracasar, derivará en las medidas expuestas a continuación.

• Suspensión de la actividad

La renta y otras cantidades adeudadas por el arrendatario se reducirán un 50% frente a las vigentes mientras dure la suspensión.

• Restricción parcial

Las rentas se deben reducir en una proporción igual a la mitad de la pérdida del espacio útil del inmueble, medida tanto en aforo como en horarios.

• Delivery/Take Away

La entrega a domicilio o recogida de productos en el establecimiento no afecta a las reducciones comentadas.

Esto significa que los ingresos derivados de la entrega a domicilio o recogida in situ no afectarán a las reducciones de pagos establecidas.

• Garantías

El arrendatario puede exigir al propietario que se cobre las rentas y otros gastos vencidos, de las garantías depositadas, excepto de la fianza legal obligatoria y otras garantías depositadas en el organismo oficial competente.

Ahora bien, el arrendatario tendrá que reintegrar las garantías objeto de imputación en el plazo de 1 año contado desde la desaparición de la suspensión del desarrollo de la actividad, o de restricción del aprovechamiento material de bienes inmuebles arrendados y, en todo caso, antes de la finalización del contrato si su plazo de duración es inferior.

• Resolución

Si las restricciones del Govern se alargan más de 3 meses, el arrendatario podrá rescindir el contrato sin penalización, siempre que lo notifique al arrendador con 1 mes de preaviso.

3) CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS

Inicialmente el Govern había anunciado una modificación del Código Civil Catalán con la intención de incluir una regulación legislativa de la cláusula Rebus Sic Stantibus.

Dicha cláusula es un principio general del Derecho (no una norma) que puede entrar en juego cuando hay: 1) una alteración extraordinaria de las circunstancias entre el momento de celebración del contrato y el momento de cumplimiento del mismo; 2) exista una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes; 3) la causa sea radicalmente imprevisible; 4) no exista otro medio para salvar el perjuicio.

Pero finalmente, el Govern ha optado por extrapolar la esencia de dicha cláusula a un futuro Proyecto de Ley, que establecerá  de una manera concreta la regulación de carácter general necesaria para el restablecimiento del equilibrio contractual en los supuestos de cambio imprevisto de circunstancias.

4) Últimas consideraciones

Lo anterior es un breve resumen de las principales novedades en relación de la reciente normativa aprobada y en vigor. No obstante, dicho Decreto ley debe ser ratificado en el Parlament y puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. Les mantendremos informados de toda novedad legislativa relacionada con los efectos del COVID-19.

Si tiene cualquier consulta relacionada con los efectos del COVID-19, no duden en contactar con este despacho a través del correo electrónico info@busquets-abogados.com.

El presente artículo tiene por objeto informar sobre las principales características de esta institución jurídica, que goza de determinadas ventajas fiscales al amparo de la Ley reguladora del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

La relación de convivencia de ayuda mutua es una forma de convivencia al margen del matrimonio y de las uniones estables de pareja, constituida por parientes en línea colateral sin límite de grado o por personas unidas por vínculos de amistad o compañía, que sin constituir una familia nuclear comparten vivienda y ponen en común el trabajo doméstico, con voluntad de ayuda mutua y de permanencia.

Destacamos los aspectos más relevantes de la regulación de esta situación de convivencia:

a) Constitución: Las relaciones convivenciales de ayuda mutua pueden constituirse (i) en escritura pública, a partir de la cual tienen plena efectividad, o (ii) por el transcurso de un período de dos años de convivencia, pero se deberá demostrar mediante un acta de notoriedad el periodo mínimo de dos años de convivencia.

b) Requisitos personales: Cabe destacar que el número máximo de convivientes, si no son parientes, es de cuatro. Por otro lado, se excluyen de este tipo de convivencia las personas que ya estén unidas por un vínculo matrimonial o formen una pareja estable con otra persona con la que convivan.

Ahora bien, teniendo en cuenta la finalidad de la norma, no hay impedimento a que cada uno de los miembros del matrimonio o pareja estable, pueda ser titular de una relación de convivencia de ayuda mutua hacia un tercero.

c) Acuerdos: Los convivientes pueden regular las relaciones personales y patrimoniales, y los respectivos derechos y deberes durante la convivencia, siempre y cuando estos acuerdos no perjudiquen a terceras personas. Y en previsión de una ruptura, los convivientes también pueden pactar sobre los efectos de la extinción de tal relación.

d) Extinción: Entre las causas de extinción de las relaciones convivenciales de ayuda mutua destacamos: (i) el acuerdo de todos los convivientes,(ii) la voluntad unilateral, (iii) el fallecimiento de uno de ellos, (iv) las causas que se hubieran pactado en el momento de su constitución, (v) el matrimonio o la constitución de una pareja estable.

No obstante, si la relación de convivencia se hubiese establecido entre más de dos personas, entonces la voluntad unilateral, el matrimonio, la constitución de una pareja estable o el fallecimiento de cualquiera de los convivientes, no extinguirá la relación si los demás continúan conviviendo, sin perjuicio de las modificaciones que se considere conveniente realizar en los pactos reguladores de la convivencia.

La extinción de tal relación también tiene consecuencias por ejemplo sobre:

-La vivienda, según la terminación de la convivencia tenga lugar en vida de todos los convivientes o por el fallecimiento de uno de ellos y según el conviviente sea propietario o arrendatario del inmueble.

-Los poderes notariales, pues la extinción de la relación de convivencia deja sin efecto los poderes que uno de los convivientes haya otorgado a favor de cualquiera de los demás.

Igualmente, quedan sin efecto los poderes que uno de los miembros haya otorgado a favor de cualquiera de los demás o tenga otorgados a su favor desde que se aparte de la convivencia.

-Derecho a pensión periódica, en los casos de extinción de la convivencia por defunción de uno de los convivientes siempre que se den las situaciones particulares determinadas en la Ley.

e) Ventaja fiscal: En las adquisiciones por causa de muerte entre miembros de una relación de convivencia de ayuda mutua, los adquirentes quedan asimilados al grupo de parientes determinados en la ley del impuesto de sucesiones. Dicha asimilación opera para supuestos concretos, entre otros, al efecto de la aplicación de las reducciones correspondientes por la adquisición de la vivienda habitual del causante.

En el presente artículo hemos destacado las principales características de esta institución jurídica algo desconocida. Si tiene alguna duda, puede utilizar el área de contacto de nuestra página web para consultar con nuestro equipo de abogados especialistas. Estaremos encantados de atenderle.

Como continuación a los boletines informativos emitidos por este despacho relacionados con el COVID-19, os informamos de que Barcelona está actualmente en la fase 3 del plan para la vuelta a la nueva normalidad tras la declaración del estado de alarma.

Aunque se mantiene el estado de alarma, se ha iniciado el llamado desconfinamiento, periodo que a su vez se divide en varias fases de transición hacia dicha nueva normalidad.

La citada fase 3 flexibiliza determinadas restricciones que se establecieron a causa de la crisis sanitaria, reguladas en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.

En esta nota nos centraremos en el sector comercial y en la reapertura de:

A) Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma.

En el ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios, se permite su apertura con independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre que se reduzca su aforo total al 50%.

B) Centros y parques comerciales

Podrá procederse a la reapertura al público de centros y parques comerciales, siempre que, entre otros:

• Se limite el aforo total de los mismos al 40% de sus zonas comunes.
• Que se limite al 50% del aforo en cada uno de los establecimientos comerciales situados en ellos.
• Se permite la apertura al público de las zonas comunes y las zonas recreativas de los centros y parques comerciales, limitando su aforo al 50%.

C) Actividades de hostelería y restauración.

Con respecto al desarrollo de las actividades de hostelería y restauración se permite el consumo tanto en barra como en mesa, siempre que se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, de dos metros, y siempre que no se supere un 50% del aforo.

Asimismo, se permite que las terrazas al aire libre abran al 75% de su capacidad permitida.

Se mantiene la prohibición de apertura de locales de discotecas y bares de ocio nocturno.

D) Apertura de hoteles y alojamientos turísticos.

Podrá procederse a la apertura al público de las zonas comunes siempre que no superen el 50% de su aforo y se cumplan las medidas de higiene establecidas.

E) Mercados ambulantes

Los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, que ya hubieran reiniciado su actividad o la reinicien por decisión del Ayuntamiento correspondiente a partir de la entrada en vigor de la presente orden, se garantizará la limitación a la mitad de los puestos habituales o autorizados, limitando la afluencia de clientes de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia social de dos metros.

En dicha Orden también se regulan, a título enunciativo, el desarrollo de la actividad de guía turístico, centros zoológicos y acuarios, celebración de congresos, conferencias, así como las medidas de higiene y prevención aplicables a cada una de ellas.

Les seguiremos manteniendo informados de toda novedad relacionada con los efectos del COVID-19.

Si tiene cualquier consulta relacionada con los efectos del COVID-19, no duden en contactar con este despacho a través del correo electrónico info@busquets-abogados.com.

 

Como continuación a los boletines informativos emitidos por este despacho relacionados con el COVID-19, os informamos de que Barcelona está actualmente en la fase 2 del plan para la vuelta a la nueva normalidad tras la declaración del estado de alarma.

Aunque se mantiene el estado de alarma, se ha iniciado el llamado desconfinamiento, periodo que a su vez se divide en varias fases de transición hacia dicha nueva normalidad.

La citada fase 2 flexibiliza determinadas restricciones que se establecieron a causa de la crisis sanitaria, reguladas en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.

En esta nota nos centraremos en el sector comercial y en la reapertura de:

A) Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma.

En el ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios, se permite su apertura con independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre que se reduzca su aforo total al 40%. Recordemos que la diferencia fundamental con la fase anterior es que solo pudieron abrir aquellos cuya superficie era igual o inferior a 400 metros cuadrados.

B) Centros y parques comerciales

Podrá procederse a la reapertura al público de centros y parques comerciales, siempre que, entre otros:

• Se limite el aforo total de los mismos al 30% de sus zonas comunes.
• Que se limite al 40% del aforo en cada uno de los establecimientos comerciales situados en ellos.
• No se permite la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el mero tránsito entre los establecimientos comerciales.
• Se prohíbe la utilización de las zonas recreativas como pueden ser zonas infantiles, ludotecas o áreas de descanso, debiendo permanecer cerradas.

C) Actividades de hostelería y restauración.

Con respecto al desarrollo de las actividades de hostelería y restauración podrá procederse a la reapertura al público para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere un 40% de su aforo y se cumplan condiciones de higiene complementarias.

No obstante, el consumo dentro del local únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesa, y preferentemente mediante reserva previa.

Recordamos que en la fase anterior, solamente se permitió la reapertura al público de las terrazas al aire libre y con una ocupación máxima de diez personas por mesa o agrupación de mesas, limitándose al 50% el número de mesas permitidas con respecto al año inmediatamente anterior.

D) Apertura de hoteles y alojamientos turísticos.

Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos siempre que no se supere un tercio de su aforo.

E) Mercados ambulantes

Los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, que ya hubieran reiniciado su actividad o la reinicien por decisión del Ayuntamiento correspondiente a partir de la entrada en vigor de la presente orden, se garantizará la limitación a un tercio de los puestos habituales o autorizados, limitando la afluencia de clientes de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia social de dos metros.

En dicha Orden también se regulan, a título enunciativo, las visitas a viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como las medidas de higiene y prevención aplicables a cada una de ellas.

Les seguiremos manteniendo informados de toda novedad relacionada con los efectos del COVID-19.

Si tiene cualquier consulta relacionada con los efectos del COVID-19, no duden en contactar con este despacho a través del correo electrónico info@busquets-abogados.com.

Como continuación a los boletines informativos emitidos por este despacho relacionados con el COVID-19, os informamos de que Barcelona está actualmente en la fase 1 del plan para la vuelta a la nueva normalidad tras la declaración del estado de alarma.

Aunque se mantiene el estado de alarma, se ha iniciado el llamado desconfinamiento, periodo que a su vez se divide en varias fases de transición hacia dicha nueva normalidad.

La citada fase 1 flexibiliza determinadas restricciones que se establecieron a causa de la crisis sanitaria, reguladas en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

En esta nota nos centraremos en el sector comercial y en la reapertura de:

A) Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma.

En el ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios, se mantiene respecto de la fase 0, la apertura de los locales y establecimientos minoristas siempre que tengan una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, y con excepción de aquellos que se encuentren dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior.

B) Actividades de hostelería y restauración.

Con respecto al desarrollo de las actividades de hostelería y restauración se establece la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración. La ocupación máxima permitida será de diez personas por mesa o agrupación de mesas, limitándose al cincuenta por ciento el número de mesas permitidas con respecto al año inmediatamente anterior.

C) Apertura de hoteles y alojamientos turísticos.

Podrá procederse a la reapertura al público de los hoteles y alojamientos turísticos pero siempre observando las medidas e instrucciones sanitarias de protección y de distancia de seguridad interpersonal, como por ejemplo la limpieza y desinfección al menos cada dos horas de botoneras de ascensores o máquinas, pasamanos de escaleras, tiradores de puertas, timbres.

Así, entre otros aspectos se permite que se puedan llevar a cabo los servicios de restauración y cafetería cuando ello sea necesario para la correcta prestación del servicio de alojamiento, y exclusivamente con respecto a los clientes hospedados. Dicho servicio no podrá prestarse en las zonas comunes, ya que permanecerán cerradas.

Sin embargo, no estará permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos y de todos aquellos espacios análogos que no sean imprescindibles para el uso de hospedaje del hotel o del alojamiento turístico.

D) Concesionarios de automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su superficie útil de exposición y venta.

Podrán proceder a su reapertura al público, mediante la utilización de la cita previa sea cual fuere su superficie útil de exposición y venta.

E) Mercados ambulantes

Podrán proceder a su reapertura los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, cuando así lo decidan los Ayuntamientos correspondientes (y debiendo éstos comunicar esta decisión al órgano competente en materia de sanidad de la comunidad autónoma), dando preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad y procurando que sobre los productos comercializados en los mismos se garantice su no manipulación por parte de los consumidores.

Los Ayuntamientos serán los encargados de establecer los requisitos de distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y viandantes.

En todo caso, se garantizará una limitación al 25% de los puestos habituales o autorizados y una afluencia inferior a un tercio del aforo habitual.

En dicha Orden también se regulan, a título enunciativo, las condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo activo y naturaleza, la actividad cinegética, la pesca deportiva y recreativa entre otras actividades, así como las medidas de higiene y prevención aplicables a cada una de ellas.

Les seguiremos manteniendo informados de toda novedad relacionada con los efectos del COVID-19.

Si tiene cualquier consulta relacionada con los efectos del COVID-19, no duden en contactar con este despacho a través del correo electrónico info@busquets-abogados.com.

Siguiendo con las continuas actualizaciones emitidas por este despacho en relación al COVID-19, os informamos en el presente boletín informativo de una materia de especial interés en los tiempos que corren: el Derecho Concursal.

Para ello, traemos a colación el artículo 43 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, que versa sobre el plazo del deber de solicitud de concurso, acomodado a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo.

Así pues, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, hasta que transcurran 2 meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

En esta línea, se ha establecido que los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante dicho estado o que se presenten durante esos 2 meses.

Y para el caso de que se hubiera presentado la solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que mientras esté vigente el estado de alarma, tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso, la iniciación de negociación con los acreedores para (i) alcanzar un acuerdo de refinanciación o (ii) un acuerdo extrajudicial de pagos o (iii) para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo de 3 meses a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Les seguiremos informando de toda novedad legislativa relacionada con los efectos del COVID-19, que consideremos pueda ser de su interés.

Si tiene cualquier consulta relacionada con los efectos del COVID-19, no duden en contactar con este despacho a través del correo electrónico info@busquets-abogados.com.

Como continuación al reciente boletín informativo emitido por este despacho relacionado con el COVID-19, os informamos que el día 24 de marzo de 2020, se anunció que el Gobierno está ultimando medidas para ayudar a los ciudadanos que tengan problemas para afrontar el pago del alquiler de sus viviendas.

Mientras se hace tal publicación, os remitimos una primera aproximación de las consecuencias que tiene la declaración del estado de alarma en los contratos de arrendamiento de locales y cualquiera que sea de uso distinto al de vivienda, que son los inicialmente afectados por la orden de cierre al público.

Es importante tener en cuenta que la actual situación de crisis sanitaria NO implica automáticamente la suspensión de los efectos del contrato de arrendamiento que está en vigor.

De hecho, los arrendatarios mantienen la posesión y el uso del local arrendado y, por tanto, están plenamente vigentes las obligaciones derivadas del contrato, incluido el pago de la renta.

No obstante, ante las circunstancias excepcionales hoy existentes y con el fin de ajustar el desequilibrio que esta situación no prevista pudiera estar produciendo en los arrendatarios, cabría la posibilidad de defender la aplicación de instrumentos jurídicos como la cláusula Rebus Sic Stantibus.

Dicha cláusula puede entrar en juego cuando hay: 1) una alteración extraordinaria de las circunstancias entre el momento de celebración del contrato y el momento de cumplimiento del mismo; 2) exista una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes; 3) la causa sea radicalmente imprevisible; 4) no exista otro medio para salvar el perjuicio.

Por tanto, podría ser alegado para reducir la renta con el propósito de atenuar los efectos de la crisis actual, pero teniendo siempre en cuenta que debe prevalecer el principio de conservación del negocio jurídico y el equilibrio de prestaciones.

Sería aconsejable alcanzar acuerdos temporales entre arrendadores y arrendatarios para intentar atenuar los efectos de la actual situación, acuerdos que deberían formalizarse por escrito al objeto de evitar futuras repercusiones fiscales.

Por su parte, las medidas que próximamente tomará el Gobierno parecen encaminadas a una moratoria de pagos del alquiler de vivienda, opción que en los últimos días han lanzado empresas del sector inmobiliario y bancos.

Les mantendremos informados de toda novedad legislativa relacionada con los efectos del COVID-19.

Si tiene cualquier consulta relacionada con los efectos del COVID-19, no duden en contactar con este despacho a través del correo electrónico info@busquets-abogados.com.

Como continuación al reciente boletín informativo emitido por este despacho relacionado con el COVID-19, os informamos que ayer, 17 de marzo de 2020, fue aprobado un nuevo Real Decreto-Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Os remitimos a continuación el resumen de las principales medidas adoptadas por el Gobierno que hemos tenido acceso a través de la web de la Moncloa, respecto a las cuales estamos procediendo a su profuso estudio.

“El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con la mayor movilización de recursos económicos de la historia democrática de España para hacer frente al impacto económico del coronavirus. Se ha decidido movilizar cerca del 20% del PIB, 200.000 millones de euros con medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.

El objetivo es iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás, relanzando nuestra economía, nuestra producción y nuestro empleo y que la caída venga seguida de una recuperación económica y no de un estancamiento.

1.- El Gobierno apoya a los más vulnerables

El primer bloque de medidas del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros está destinado a las personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables. En este apartado se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.

Además, se amplía la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales. Como novedad, también se garantizan los servicios de telecomunicaciones. Todo ello para las familias vulnerables.

También se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos. La finalidad es que ninguna persona en una situación económica difícil pierda su vivienda.

2.- El Gobierno acompaña a las empresas que no despidan

El segundo bloque de medidas refuerza la protección al empleo para evitar que una crisis temporal como la actual tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo. Para ello el Gobierno ha acordado que:

• Los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis.
• Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan.
• Se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTES causados por la crisis del Coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo.
• En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social.
• Para el colectivo de autónomos se flexibiliza el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.

3.- El Gobierno aborda los problemas temporales de liquidez de las empresas

El tercer bloque de medidas permite asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas con el objetivo de que un problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia. Por ello se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones.

Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.

Para apoyar el sistema productivo y empresarial, el Gobierno también reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.

4.- El Gobierno moviliza recursos para desarrollar una vacuna

El Gobierno también está comprometido con el refuerzo de la investigación científica para el desarrollo de una vacuna o una cura para el COVID19. Por este motivo se van a dedicar 30 millones a la partida de investigación. Este dinero irá dedicado a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia sanitaria.

5.- Prorroga validez DNI

El Real Decreto-ley, así mismo, prorroga durante un año la validez de los Documentos Nacionales de Identidad que caduquen desde la entrada en vigor del estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo. La prórroga de la validez del Documento Nacional de Identidad permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo.

6.- Modificación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma

El Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Los cambios realizados son los siguientes:

• Se añade a la limitación de la libertad de circulación por las vías de uso público otros espacios de uso público, como por ejemplo pueden ser las playas.
• Se establece que la circulación de las personas permitida debe realizarse de manera individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, a menores, a personas mayores, o exista otra causa debidamente justificada.
• Se añaden a los establecimientos comerciales exceptuados de la suspensión de apertura a los establecimientos sanitarios y a los centros o clínicas veterinarias y se limita la actividad de peluquería solamente a los servicios a domicilio.
• Se podrá suspender cualquier actividad que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en que se esté desarrollando.
• Se habilita al ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las actividades previstas en el Real Decreto, de manera que pueda responderse con rapidez y eficacia a situaciones no previstas en el mismo.
• La suspensión de los trámites administrativos no afecta a los trámites de afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social, que son trámites que deben realizarse necesariamente en los plazos previstos.”

7.- Últimas consideraciones

Lo anterior es un breve resumen de las principales novedades en relación de la reciente normativa aprobada y en vigor. Es probable que se aprueben nuevas medidas que amplíen o desarrollen las medidas de apoyo relacionadas con la crisis del COVID-19. Les mantendremos informados de toda novedad legislativa relacionada con los efectos del COVID-19.

Si tiene cualquier consulta relacionada con los efectos del COVID-19, no duden en contactar con este despacho a través del correo electrónico info@busquets-abogados.com.

El pasado sábado, 14 de marzo de 2020, fue aprobado el Real Decreto-Ley 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, durante quince días naturales, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, en adelante, “COVID-19”. El mismo entró en vigor el mismo día de su publicación.

Además del referido Real Decreto han entrado también en vigor recientemente las siguientes normas: Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, y el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo

A continuación, resumimos brevemente las principales medidas adoptadas por el Gobierno de España ante la presente situación:

1.- Sobre la circulación de las personas y suspensión de la apertura de locales

La declaración del estado de alarma implica entre otras medidas:

a) Una limitación de la libertad de circulación de las personas, quienes únicamente podrán circular para (i) adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, (ii) para asistir a centros de trabajo para efectuar su prestación laboral y regresar a su domicilio habitual, (iii) asistir a centros sanitarios, asistir al cuidado de personas mayores, dependientes o especialmente vulnerables, (iv) desplazarse a las entidades financieras, así como (v) por causas de fuerza mayor.

b) La suspensión de la apertura de locales y establecimientos minoristas, a excepción de aquellos que comercialicen (i) alimentos y bienes de primera necesidad, (ii) establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, (iii) combustible, (iv) productos de higiene (v) prensa y papelería (vi) estancos, (vii) equipos tecnológicos y de comunicaciones (viii) alimentos para animales de compañía (ix) comercio por internet, telefónico o correspondencia así como (x) tintorerías y lavanderías.

Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

Se prevén la imposición de multas económicas para todo aquel que incumpla las normas contempladas en el mismo.

2.- Sobre las medidas fiscales y económicas adoptadas

a) Medidas laborales

Al objeto de proteger la salud pública, el Real Decreto Ley 6/2020 considerará accidente de trabajo, exclusivamente para percibir la prestación económica de incapacidad temporal, aquellos períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras, provocado por el COVID-19. El derecho a la prestación se reconoce a las personas trabajadoras por cuenta propia o ajena que se encuentren en situación de alta laboral en la fecha en que se acuerde el aislamiento o enfermedad.

Asimismo, se prevé que el Gobierno próximamente apruebe medidas relativas a la agilización de las regulaciones de empleo temporales (“ERTE”), así como ayudas a empresas, autónomos y familias.

Sin perjuicio de las medidas específicas que el Gobierno finalmente apruebe en los próximos días, a día de hoy, las empresas pueden, dependiendo de los casos, articular una serie de medidas, entre otras: (i) teletrabajo, (ii) bolsas de horas, flexibilidad horaria, adaptaciones y reducciones de jornada, (iii) licencias retribuidas y no retribuidas, (iv) ERTE por causa de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y/o de producción. Todo ello se debería analizar en función del convenio colectivo de aplicación.

b) Medidas fiscales

Asimismo, se concede el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, y siempre que las solicitudes presentadas hasta la fecha, se refieran a deudas tributarias de cuantía inferior a la que se fija en la norma tributaria (excepción limitada a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento de recaudación) y siempre y cuando el deudor sea persona o entidad con un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.

Asimismo, el aplazamiento se aplicará a (i) las deudas tributarias que deba cumplir el retenedor u obligado a realizar ingresos a cuenta, (ii) las derivadas de tributos que deban ser repercutidos, así como a (iii) obligaciones de realizar pagos fraccionados sobre el Impuesto de Sociedades.

Finalmente, el aplazamiento será de seis meses, y no se devengarán intereses de demora durante los tres primeros meses del aplazamiento.

3.- Sobre la paralización de los plazos procesales y administrativos

Finalmente, en materia de justicia quedan interrumpidos los plazos previstos en las leyes procesales para todas las órdenes jurisdiccionales, sin perjuicio que el juez o tribunal pueda practicar cualquier actuación judicial necesaria para evitar “perjuicios irreparables” en los derechos e intereses de las partes.

En el ámbito penal, “la interrupción no se aplica a las actuaciones encomendadas a (i) los servicios de guardia, (ii) las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria (iii) y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer.

Finalmente, en materia administrativa, se suspenden los plazos en todo el sector público, tal y como lo define la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio que el órgano competente acorde, siempre y cuando lo motive, las medidas estrictamente necesarias para evitar perjuicios en los derechos del interesado en el procedimiento y siempre y cuando éste muestre su conformidad, o cuando el interesado esté de acuerdo en la no suspensión del plazo.

4.- Otras medidas que se han adoptado de apoyo a empresas y autónomos

Además de las medidas anteriormente mencionadas, el Gobierno ha adoptado otras medidas que se han incluido dentro de un plan de 18.225 millones de euros que incluye 14.400 millones en medidas para empresas de menor tamaño y autónomos, con otros 3.800 millones de euros destinados al sistema sanitario.

Entre otras de las medidas se ha habilitado una línea del ICO dotada con 400 millones de euros para dar préstamos a las empresas y autónomos de los sectores más afectados por el coronavirus, como son el transporte, el turismo y la hostelería.

5.- Últimas consideraciones

Lo anterior es un breve resumen de las principales novedades en relación de la reciente normativa aprobada y en vigor. Es probable que en los próximos días se aprueben nuevas medidas que amplíen o desarrollen las medidas de apoyo relacionadas con la crisis del COVID-19. Les mantendremos informados de toda novedad legislativa relacionada con los efectos del COVID-19.

Si tiene cualquier consulta relacionada con los efectos del COVID-19, no duden en contactar con este despacho a través del correo electrónico info@busquets-abogados.com.